El colectivo de Integradoras en Lucha, compuesto por profesionales esenciales en la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, se prepara para llevar a cabo una acción de denuncia pública, respaldada por los sindicatos CGT y Co.Bas, en un intento por arrojar luz sobre lo que describen como irregularidades significativas en los procesos de estabilización laboral impulsados por la Comunidad de Madrid. Este jueves 19 de marzo, a las 11:10 horas, el Juzgado Nº25 recibe a 443 integradoras sociales, en una de las decenas de citas judiciales que conforman esta batalla legal.
El núcleo del conflicto radica en la serie de eventos desencadenados por estos procesos de estabilización, que en lugar de asegurar condiciones estables a los trabajadores del sector, parecen haberse convertido en un mecanismo para implementaciones de despidos encubiertos y precarización de empleos públicos, según denuncian las afectadas. Estas profesionales, que desempeñan un papel crucial en el ámbito educativo trabajando con menores con TEA y Trastornos de Conducta, revelan cómo su labor ha sido desvalorizada al enfrentarse a contratos irrisorios y ceses arbitrarios.
La protestas se centran en visibilizar fallos sistemáticos, desde preguntas inadecuadas en las oposiciones hasta certificaciones incorrectas emitidas por la propia administración, lo que ha llevado a situaciones laborales inestables e incluso absurdas. Ahora, muchas de las profesionales se ven forzadas a enfrentar veranos sin ingresos, convirtiéndose en desempleadas, pese a haber superado oposiciones y obtenido plazas públicas.
El enfoque en denunciar estas situaciones se vincula también a un marco más amplio: la directiva europea 20/21, cuya intención era reducir la temporalidad laboral y enmendar abusos en la contratación de interinas. Sin embargo, lo que en teoría buscaba estabilizar, en la práctica se ha traducido en contratos fijos discontinuos y desplazamientos geográficos que rompen con cualquier idea de estabilidad laboral.
La acción judicial y pública programada se perfila no solo como un mecanismo para buscar justicia, sino como un altavoz para una situación que afecta a cientos de trabajadoras que, además de enfrentar la legalidad en los tribunales, lidian diariamente con la incertidumbre y la inestabilidad laboral, afectando también a los estudiantes que dependen de su compromiso y profesionalidad. La convocatoria se espera que no solo refuerce la unidad y la visibilidad del colectivo, sino que también presione a las autoridades a repensar políticas de contratación que han sido calificado por sus afectados como deficientes y lesivas para los trabajadores y para el sistema educativo en su conjunto.
Fuente: CGT
