El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Pablo Bustinduy, ha ejercido presión directa sobre la Generalitat Valenciana para que tome medidas concretas contra el posible fraude en el etiquetado del arroz, cuestión que afecta tanto a consumidores como a agricultores locales. Desde Sueca, en pleno corazón de los arrozales valencianos, Bustinduy subrayó la importancia de garantizar que el etiquetado de los productos no lleve a confusión respecto a su origen, protegiendo así la autenticidad del arroz valenciano.
El Ministerio de Consumo ha reiterado que es imperativo que el gobierno autonómico accione sus competencias en la vigilancia y control del etiquetado de alimentos. La Comunidad Valenciana se mantiene como la única autonomía en España que aún no tiene en marcha estos controles oficiales, a pesar de las constantes reclamaciones del Gobierno central. En 2025, esta cuestión ya fue destacada por Andrés Barragán, Secretario General de Consumo y Juego, en una comunicación a la Generalitat, donde pedía con claridad la asunción de responsabilidades locales en la gestión de incidencias en materia de consumo.
La ausencia de controles por parte de la Generalitat no solo es un vacío reconocido por el Ministerio de Consumo. La organización agraria La Unió Llauradora i Ramadera ha levantado la voz ante las prácticas de etiquetado que, según denuncian, podrían inducir a error al consumidor. Han presentado una denuncia formal por el etiquetado erróneo que pone a los agricultores valencianos en una posición desfavorable frente a la competencia desleal de productos extranjeros que utilizan símbolos valencianos en su presentación.
Los informes anuales que elaboran las autorías competentes en consumo de todo el país han señalado reiteradamente la falta de información proveniente de la Comunidad Valenciana, que no ha proporcionado resultados referentes a los controles de 2025, ni de los años previos, en el marco del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025.
El ministro Bustinduy aboga por una acción contundente de la Generalitat Valenciana para designar cuanto antes a la autoridad competente encargada de la inspección y regulación de estos productos, además de sancionar las prácticas que sean fraudulentas. La protección del consumidor y del agricultor valenciano demanda una respuesta inmediata que termine con las prácticas de etiquetado engañosas que actualmente privan al sector agrícola local de una competencia justa en el mercado.
Fuente: Ministerio de Consumo
