La Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha denunciado a Consuelo Porras Argueta, fiscal general de Guatemala, por presunto involucramiento en adopciones ilegales de menores indígenas durante los años ochenta. Esta acusación se suma a la negativa de la comisión electoral para que Porras ocupe un puesto en la Corte de Constitucionalidad al concluir su mandato en mayo. Según la ONU, Porras podría haber estado implicada en el proceso de adopciones ilegales de al menos 80 niños del Hogar Temporal Elisa Martínez, donde ejerció como tutora legal en 1982. La entidad internacional ha solicitado una investigación independiente para esclarecer este asunto antes de que se considere su nombramiento para cualquier posición judicial.
En paralelo a esta controversia, la ciudad de Antigua Guatemala fue escenario de una elección para la Corte de Constitucionalidad, donde Porras presentó su candidatura sin obtener votos, dejándola fuera de la contienda. Esta derrota refleja el clamor popular y las tensiones entre el Ministerio Público y el presidente Bernardo Arévalo, quienes han sostenido un enfrentamiento político. Porras enfrenta críticas internacionales tras ser sancionada por varios países debido a acciones consideradas corruptas y que socavan la democracia. Durante su gestión, más de 100 personas han sido obligadas al exilio debido a presuntas persecuciones orquestadas por su oficina. Además, según informaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, podrían existir más de 700 casos de adopciones ilegales sin resolver que datan de su tiempo en el cargo, sumando otra capa de complejidad a su legado.
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