En Madrid, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, conocido como Gestha, ha lanzado una seria advertencia respecto a la creciente tendencia de externalizar la inspección tributaria a nivel local. Según la organización, esta práctica no solo va en contra de la legalidad, sino que también podría incrementar los riesgos de fraude fiscal. Así lo manifestó Javier Gómez Vergel, el nuevo presidente de Gestha, durante el XXV Curso sobre Inspección y Actualidad Tributaria, un evento organizado por la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL).
Gómez Vergel destacó que la externalización de estos servicios derivada de una deficiente dotación y gestión de los recursos humanos en las administraciones tributarias pone en peligro la efectiva lucha contra el fraude. La falta de personal cualificado y la carencia de una planificación adecuada para la gestión de recursos personales han obligado a algunos ayuntamientos a trasladar funciones clave de inspección a empresas privadas, acción que Gestha considera no solo desafortunada, sino también contraria a Derecho, pues supone delegar potestades públicas en manos privadas, reduciendo así las garantías para los ciudadanos y comprometiendo la confidencialidad de los datos fiscales.
El sindicato también apuntó a la crítica realidad de la Agencia Tributaria Estatal (AEAT), cuya plantilla se ha visto reducida en más de 600 empleados desde el año 2000. La organización subraya el envejecimiento del personal, con una edad media de 49,6 años, y la falta de avance en sus carreras profesionales durante casi veinte años, lo que, además, se ve agravado por la problemática de movilidad entre los técnicos.
Gestha concluyó su intervención instando a un refuerzo de los medios del Ministerio de Hacienda, especialmente en lo relativo a la AEAT y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), así como en los organismos similares en las comunidades autónomas y haciendas locales. La organización subraya que mejorar estos recursos es esencial no solo para combatir eficazmente el fraude fiscal, sino también para garantizar la legalidad y optimizar el control del gasto público.
Esta situación refleja un llamado urgente para que las administraciones públicas revisen sus estrategias y procedimientos internos, garantizando que las reformas necesarias se implementen para fortalecer la estructura interna y capacitar adecuadamente al personal, asegurando así un sistema fiscal justo y transparente.
Fuente: Gestha
