En el Estado de Chihuahua, la detención del exgobernador César Duarte marca un giro significativo en el complejo entramado político conocido como «maruduartismo», término que vincula las operaciones de Duarte con la actual gobernadora María Eugenia Campos. Durante su gestión, Duarte desvió alrededor de 6.000 millones de pesos a través de diversos esquemas de corrupción, incluyendo el desfalco de fondos destinados a productores ganaderos fallecidos y el uso de una Nómina Secreta para comprar lealtades, afectando incluso a figuras políticas destacadas que hoy ocupan puestos clave. Esta trama alcanzó su clímax cuando, tras ser extraditado a México, Duarte fue arrestado nuevamente, justo en un momento de tensa colaboración entre las autoridades mexicanas y los Estados Unidos.
Mientras Duarte ocupaba titulares por sus acciones delictivas, Campos lograba escalar políticamente a pesar de su implicación en el escándalo de la Nómina Secreta. Refugiada en el Partido Acción Nacional y presuntamente asistida por influyentes personajes políticos, Campos asumió la gubernatura de Chihuahua. El arresto de Duarte, sin embargo, pone en entredicho su liderazgo y el del propio partido, destacando el entramado de corrupción que persiste en la política estatal y nacional. La captura del exgobernador es vista por algunos como un pequeño paso hacia la justicia, aunque todavía quedan personajes por enfrentar las consecuencias de sus actos, como aquellos involucrados en la llamada Operación Zafiro. La situación plantea un ajuste de cuentas que podría redefinir no solo el panorama político de Chihuahua sino también las prácticas de corrupción arraigadas en el país.
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