El Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado un acuerdo con el partido político Unidas Podemos para llevar a cabo una regularización extraordinaria de inmigrantes, eludiendo así la necesidad de obtener el aval del Congreso. Según los términos del pacto, los migrantes que puedan demostrar haber residido en el país antes del 31 de diciembre serán elegibles para regularizar su situación legal. Esta medida busca abordar la realidad de miles de personas que viven en la incertidumbre y permita su integración efectiva en la sociedad española. Aunque no se ha detallado la metodología exacta de implementación, el acuerdo ha generado diversas reacciones tanto de apoyo como de críticas por la falta de control parlamentario en el proceso.

Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros, estimó que para 2025 existirán aproximadamente 840.000 personas que podrían beneficiarse de la nueva regularización. El acuerdo pretende poner fin a problemas como la explotación laboral y el acceso limitado a servicios básicos por parte de inmigrantes en situaciones irregulares. No obstante, este pacto también ha suscitado preocupación entre sectores que demandan un debate y aprobación formal en el Congreso para un cambio de esta magnitud en la política migratoria. Esta decisión es un episodio más en el complejo panorama político español, donde la gestión de la inmigración sigue siendo un tema candente y divisivo en torno al cual se generan encendidos debates políticos y sociales.

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