En medio de un complejo contexto electoral, los candidatos Joan Laporta y Víctor Font intensifican sus ataques en la contienda por la presidencia del FC Barcelona, mientras el expresidente Josep Maria Bartomeu enfrenta una nueva comparecencia ante los juzgados de Barcelona. En esta ocasión, Bartomeu ha ingresado voluntariamente como investigado en el conocido «caso Barçagate», un escándalo que ha permanecido abierto durante cinco años. La investigación busca esclarecer si Bartomeu ordenó a la empresa i3Ventures la creación de perfiles en redes sociales para desprestigiar a sus rivales dentro del club. Bartomeu ha defendido que el propósito era únicamente monitorear lo que se decía del Barça en redes sociales, especialmente tras la compleja salida de Neymar al PSG y durante el tenso período político del procés en 2017.
El expresidente, junto con su antiguo colaborador Jaume Masferrer, niega cualquier vinculación con los supuestos perfiles difamatorios y argumenta que su intención era proteger la reputación del club, sin incitar ataques personales. A pesar de esto, un informe policial de los Mossos d’Esquadra, remitido al juzgado, señala la existencia de numerosos informes elaborados por Nicestream, más allá de los presentados oficialmente por Bartomeu. En paralelo, el empresario audiovisual Jaume Roures ha conseguido una compensación por daños morales debido a la campaña de difamación en su contra, en una sentencia que podría marcar precedentes sobre la administración desleal en el caso. Mientras tanto, Bartomeu ha expresado su disposición para volver a testificar, criticando el enfoque del informe policial y planteando dudas sobre la objetividad de las pruebas presentadas.
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