El Gobierno autonómico ha anunciado que destinará un total de 1,1 millones de euros en 2026 para apoyar financieramente una serie de ayudas destinadas a personas con discapacidad. Esta medida, que busca aliviar los costos asociados con la atención y tratamiento de los beneficiarios, representa un compromiso continuado con el bienestar de aquellas personas que, pese a su discapacidad, no son consideradas dependientes.

Entre los servicios cubiertos por estas ayudas se incluyen tratamientos rehabilitadores como la fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del lenguaje y tratamiento psicológico. Además, se prevé el uso de estos fondos para respaldar el sostenimiento de plazas en residencias, centros de día y centros ocupacionales destinados a adultos con discapacidades, cuyas edades varían entre los 18 y los 65 años.

El apoyo a los menores no ha sido descuidado en esta iniciativa. Para niños de hasta seis años, el plan contempla el respaldo a los gastos relacionados con servicios esenciales como la logopedia, fisioterapia, estimulación y psicomotricidad. Asimismo, el Ejecutivo ha evidenciado un notable incremento del 85% en la capacidad dedicada a la atención temprana para niños con necesidades especiales. Las plazas han pasado de 3.800 a más de 7.000 en lo que va de Legislatura, y se proyecta continuar con esta ampliación a lo largo del año.

La mejora en la calidad de los servicios también ha sido una prioridad. A finales del año pasado, se aprobó un nuevo decreto que elimina cargas y trámites administrativos para las familias, fomentando así un acceso más eficiente y menos burocrático a las ayudas. Esta normativa no solo mejora la calidad de los servicios ofrecidos, sino que también otorga a las familias una mayor libertad para elegir, eliminando barreras y simplificando procesos al permitir la agrupación de todas las valoraciones de niños menores de seis años en una sola visita.

El esfuerzo del Gobierno regional por fortalecer estas áreas refleja un compromiso integral con la inclusión social y el apoyo a las personas con discapacidad. Estas nuevas medidas no solo alivian la carga económica de las familias, sino que también promueven un acceso más accesible y eficaz a recursos cruciales para el desarrollo de los beneficiarios.