La Comunidad de Madrid destinará 7,2 millones de euros a 179 plazas públicas de atención residencial y rehabilitadora para personas con enfermedades mentales graves y duraderas en Getafe. El nuevo contrato, aprobado por el Consejo de Gobierno, arrancará el 1 de septiembre de 2026 y se prolongará hasta 2029, según fuentes del Ejecutivo regional.
La cifra supone un incremento del 30,1% sobre la licitación anterior. El gobierno regional justifica la subida en la mejora de las condiciones laborales del personal especializado, ajustadas al último convenio colectivo de atención a personas con discapacidad.
El contrato distribuye los recursos en cuatro tipos de dispositivos pensados para distintos grados de autonomía:
Cada recurso atiende un perfil distinto. La residencia y los pisos cubren las necesidades habitacionales; el centro psicosocial trabaja la rehabilitación funcional; y el dispositivo laboral diseña itinerarios para que las personas puedan incorporarse al mercado de trabajo, una pieza que conecta con iniciativas regionales de empleo como la Escuela de Empleo Verde impulsada en otros sectores.
El nuevo contrato se suma a la red de salud mental de la Comunidad de Madrid, que actualmente cuenta con más de 7.000 plazas públicas, 233 centros y servicios especializados y 36 equipos de apoyo social comunitario que prestan atención domiciliaria a usuarios con menor autonomía.
Getafe se incorpora así al mapa regional de recursos junto a otros municipios del sur de la región. La inversión llega en paralelo a otras decisiones del Ejecutivo regional para reforzar servicios públicos, como el plan para construir 18.000 viviendas protegidas en cuatro años, dentro de la misma línea de inclusión social del gobierno autonómico.
El contrato entra en vigor el 1 de septiembre de 2026 y se extiende hasta 2029. La adjudicación se enmarca en los acuerdos del último Consejo de Gobierno regional, que también aprobó otras medidas en su sesión del 30 de abril.
La Consejería responsable trabaja con entidades del tercer sector que gestionan habitualmente este tipo de plazas. La adjudicación final saldrá a licitación pública y deberá garantizar la continuidad asistencial de los usuarios actuales del recurso.
El contrato recoge 179 plazas públicas: 26 en residencia, 8 en pisos supervisados, 90 en un centro de rehabilitación psicosocial y 55 en un dispositivo de rehabilitación laboral.
7,2 millones de euros, un 30,1% más que la licitación anterior. La subida se destina a mejorar las condiciones laborales del personal especializado, según el convenio colectivo de atención a personas con discapacidad.
El 1 de septiembre de 2026, con vigencia hasta 2029.
La residencia cubre necesidades de alojamiento y supervisión continua; los pisos supervisados se dirigen a usuarios con mayor autonomía y, con frecuencia, sin apoyo familiar; el centro psicosocial trabaja la rehabilitación funcional; y el dispositivo laboral diseña itinerarios individualizados para acceder al empleo.
Más de 7.000 plazas públicas especializadas, distribuidas en 233 centros y servicios y 36 equipos de apoyo social comunitario que atienden a domicilio.
