El gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en marcha una serie de medidas ambiciosas para abordar uno de los problemas más acuciantes de la región: el acceso a la vivienda asequible. Estas iniciativas, avanzadas en noviembre, buscan incrementar la oferta habitacional y acortar los tiempos de construcción, adaptándolos a las crecientes demandas del mercado inmobiliario madrileño.
La estrategia incluye importantes cambios normativos que permiten expandir la capacidad edificatoria sin necesidad de nuevos suelos. En concreto, se ha autorizado un aumento de hasta el 30% en la densidad de las promociones y un 20% en la edificación. Esta normativa pretende impulsar la disponibilidad de viviendas, beneficiando especialmente a jóvenes y familias, un grupo al que el Ejecutivo regional ha prestado especial atención desde 2019.
Madrid se ha consolidado como líder en la construcción de vivienda pública en España desde ese año, con más del 40% de las nuevas edificaciones del país. El Plan VIVE, uno de los pilares de esta estrategia, ha posibilitado la entrega de 5.300 viviendas a través de colaboraciones público-privadas en diversos municipios. Además, se espera incorporar 3.200 nuevas viviendas en 2023, con un objetivo de 14.000 para 2027.
En paralelo, se han implementado diversas medidas fiscales y financieras para facilitar el acceso a la vivienda. Desde 2019, se han aprobado 14 rebajas impositivas, muchas de las cuales benefician a los menores de 25 años. Además, se ha extendido la edad máxima para acceder a avales hipotecarios de 40 a 50 años, con una inversión de 25 millones de euros.
Innovando en el sector inmobiliario, la comunidad ha transformado oficinas en viviendas de alquiler asequible, añadiendo más de 8.000 inmuebles al mercado en tan solo un año, lo que ha beneficiado a unas 20.000 personas. Asimismo, el programa Mi Primera Vivienda ha incrementado el importe máximo subvencionable para hipotecas, asegurando financiación completa para valores de hasta 425.000 euros.
En cuanto a inversión pública, se proyecta un aumento del 24% en el presupuesto para vivienda social en 2026, con la meta de entregar más de 700 viviendas a familias vulnerables durante la legislatura. Una medida innovadora ha sido la autorización para construir viviendas protegidas en terrenos privados originalmente destinados a hoteles.
La nueva política también contempla apoyos específicos para familias numerosas y monoparentales, la reactivación del modelo de arrendamiento con opción a compra y la eliminación de tasas para resolver desavenencias entre propietarios e inquilinos. Asimismo, se han puesto en marcha acciones para aumentar la oferta de alquiler en pequeños municipios.
Este conjunto de iniciativas refleja un esfuerzo integral por parte del Ejecutivo regional para mitigar uno de los principales desafíos sociales y económicos de Madrid, asegurando el acceso a viviendas asequibles para todos sus ciudadanos.
