En un acto solemne celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ofreció una disculpa pública a las familias de cuatro activistas indígenas desaparecidos durante el conflicto armado interno vivido en el país entre 1960 y 1996. Durante su discurso, Arévalo reconoció la responsabilidad del Estado guatemalteco en estos hechos, subrayando que este no cumplió con su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de tales atrocidades, además de no emprender la búsqueda adecuada de los desaparecidos. El presidente enfatizó que la disculpa no solo busca admitir los errores del pasado, sino también comprometer al Estado a que estos lamentables sucesos no se repitan jamás.

El caso, que ocurrió en 1989, involucra las desapariciones forzadas de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz, miembros del Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), quienes eran defensores de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que estos activistas fueron víctimas de desaparición forzada por su lucha a favor de la justicia en tiempos de represión. Como consecuencia de esta sentencia, se ordenó al Estado guatemalteco implementar reparaciones significativas, incluyendo la investigación exhaustiva de los casos y medidas de no repetición, tales como la desclasificación de archivos del conflicto y la creación de un mecanismo nacional de búsqueda de desaparecidos. En el acto, participaron representantes de las comunidades indígenas y organismos locales e internacionales de derechos humanos, destacando el evento como un punto crucial para el reconocimiento global de los retos que enfrenta Guatemala en su búsqueda de justicia y reconciliación.

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