En un paso significativo hacia la protección de neonatos y el bienestar de las madres biológicas, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, realizó una visita a la Residencia infantil El Valle, ubicada en la capital. Durante su visita, Dávila destacó la implementación de un nuevo protocolo diseñado para prevenir casos de filicidio o abandono de recién nacidos, y para garantizar la seguridad y privacidad de las madres que opten por dar a sus hijos en adopción.
La consejera subrayó que cualquier mujer, independientemente de su situación administrativa en España, podrá dar a luz en maternidades públicas de la región bajo condiciones seguras para ella y el bebé. Este proceso no acarreará consecuencias negativas para la madre ni pondrá en riesgo su situación legal o de residencia. Dávila enfatizó la necesidad de que todos los agentes sociales estén debidamente informados sobre esta importante medida.
En los primeros meses del año, se han registrado 12 entregas voluntarias de recién nacidos en hospitales madrileños, mientras que el año pasado hubo un total de 18 casos. En paralelo, 1.600 familias se han ofrecido para formar parte del proceso de adopción, de las cuales 50 están actualmente pendientes de asignación. La consejera también mencionó la posibilidad de adoptar a niños con necesidades especiales, subrayando que esta opción está siempre abierta.
El protocolo que se ha establecido se dirige principalmente a los profesionales sanitarios y busca proteger a los neonatos durante sus primeras 96 horas de vida. Al solicitarlo la madre, los servicios de Trabajo Social en las maternidades ofrecerán información detallada sobre las ayudas disponibles y explicarán el procedimiento de adopción, junto con sus implicaciones.
Un aspecto crucial del nuevo protocolo es la garantía de respeto a la intimidad de la madre biológica. Las madres podrán decidir si desean conocer el sexo de su bebé, elegir su nombre, verlo después del parto y permanecer con él durante el ingreso hospitalario. Además, tendrán la opción de dejar datos disponibles para el niño en el futuro o permanecer localizables, preservando así tanto su privacidad como el derecho del adoptado a conocer su origen.
Una vez que la madre firme el documento correspondiente de renuncia, los trabajadores sociales se encargarán de contactar con los profesionales de la Consejería para encontrar un hogar idóneo para el neonato entre las familias inscritas previamente. Estas familias habrán completado un riguroso proceso de formación y valoración para asegurar las mejores condiciones para el niño y prepararse para la convivencia en situación de guarda con fines de adopción, hasta que esta sea formalizada judicialmente.
Finalmente, la adopción será ratificada por un juez, quien escuchará a la madre biológica y verificará que hayan transcurrido al menos seis semanas desde el nacimiento. En los casos en los que el bebé necesite una valoración especial, este será asignado primero a una familia de acogida en modalidad de urgencia o a una residencia pública infantil, como la que fue objeto de la visita de la consejera Dávila.
