A inicios de octubre, Irán enfrentó una de las interrupciones más severas de su conectividad a internet, dejando al país casi completamente aislado del resto del mundo y restringiendo significativamente el acceso móvil. Ante esta situación, diversas organizaciones han alzado la voz, incluyendo la Electronic Frontier Foundation (EFF), que junto con arquitectos y administradores de la infraestructura global de internet, han exigido a las autoridades iraníes la restauración inmediata del acceso completo y sin restricciones a la red.

La EFF ha hecho un llamado a la comunidad técnica internacional para que permanezca atenta a esta problemática y apoye los esfuerzos dirigidos a garantizar que internet continúe siendo abierto, interoperable y accesible para todos. La población iraní no es ajena a estos apagones de internet y restricciones en redes sociales, los cuales se han intensificado en los últimos tres años, especialmente después de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial por no usar el hijab. La respuesta del gobierno a los levantamientos sociales ha sido, en muchas ocasiones, clausurar el acceso a las redes sociales y desconectar internet por completo, en un intento de controlar tanto la narrativa pública como la organización ciudadana.

La EFF sostiene que interrumpir el acceso a internet y las telecomunicaciones constituye una violación de los derechos humanos fundamentales, además de ser un ataque directo a la capacidad de los ciudadanos para acceder a información y comunicarse entre sí. En su reciente declaración conjunta, subrayan principios cruciales: la conectividad como un habilitador esencial de los derechos humanos, la necesidad de defender el bien común global que representa internet y la importancia de la transparencia en la manipulación de infraestructuras técnicas.

Este incidente resalta la crítica situación del derecho a la información y la comunicación en Irán, y subraya la necesidad de una respuesta global unida para apoyar los derechos digitales frente a los intentos de censura y control estatal. Las acciones del gobierno iraní no solo han provocado una condena internacional, sino que también han puesto de manifiesto la fragilidad de las libertades digitales en un contexto de represión política.