El próximo 21 de diciembre, los habitantes de Extremadura acudirán a las urnas para elegir a los 65 miembros de la Asamblea Regional, en una jornada electoral que se presenta como una de las más relevantes en la última década. La región, que desde 2023 está gobernada por el Partido Popular bajo la dirección de María Guardiola, se encuentra en un momento de cambio político y social, con un escenario marcado por el crecimiento de la ultraderecha y los desafíos de una economía rural en pleno proceso de transformación.
Aunque en los comicios anteriores el Partido Socialista fue la fuerza más votada, la paridad en el número de escaños con el PP dejó en evidencia la fragmentación política. La situación obligó a que Vox, partido liderado por Santiago Abascal, jugará un papel determinante en la conformación del gobierno. En aquella ocasión, Guardiola afirmó que no pactaría con partidos que niegan fenómenos como la violencia machista, pero la realidad mostró que, al final, la extrema derecha consiguió una presencia clave en el ejecutivo local, logrando el apoyo para la gestión de algunas consejerías relevantes, como la de Gestión Forestal y Mundo Rural.
Desde entonces, sin embargo, las alianzas entre las fuerzas de derecha y extrema derecha se han visto truncadas. La coalición entre el PP y Vox se rompió en julio de 2024, en todas las comunidades autónomas donde gobernaban, debido a las dificultades para aprobar los presupuestos. Esto llevó a que en octubre de 2025 se decidiera disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones, en un contexto político cada vez más polarizado y con un fuerte discurso de cara a captar el voto rural y conservador.
Una de las figuras más relevantes de esta campaña es Óscar Fernández Calle, presidente de Vox en la provincia de Cáceres, quien busca consolidar la presencia de su partido con un programa centrado en medidas económicas y sociales en línea con las propuestas de la formación. Entre sus prioridades resaltan la protección del sector primario, con rechazo enérgico a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) 2028-2034, que consideran amenaza la autonomía presupuestaria y supone un incremento de las exigencias medioambientales europeas. Asimismo, proponen eliminar trabas burocráticas y fiscales que dificultan las ayudas, y aumentar los controles en fronteras para defender la producción agrícola local frente a la competencia internacional.
El sector forestal, la apicultura y el corcho son otros ámbitos que Vox busca potenciar mediante incentivos fiscales y ayudas específicas, con el objetivo de mantener y ampliar la presencia de estas actividades en la región. En materia industrial, la formación ultraderechista aboga por evitar cierres relacionados con la llamado «fanatismo climático» y el Pacto Verde Europeo, protegiendo instalaciones como la central nuclear de Almaraz, que genera un importante porcentaje del PIB regional y emplea a miles de trabajadores.
Asimismo, el programa electoral incluye la reducción de impuestos y tasas para nuevas explotaciones agrarias y el impulso a la instalación de empresas en el mundo rural, con un fuerte énfasis en frenar la despoblación. También propone apoyar a empresas familiares, pequeños comercios, artesanos y establecimientos centenarios, fomentando un revivimiento económico en las localidades más pequeñas y menos pobladas.
En el ámbito fiscal, Vox plantea una rebaja significativa en los tipos del IRPF, con un mínimo exento de 22.000 euros y tramos progresivos que favorecerían a las rentas medias y altas. Paralelamente, la formación promete ofrecer deducciones para gastos en salud, vivienda, educación y alquiler, así como incentivos fiscales en el campo para incentivar la instalación de nuevas explotaciones y promover la conservación de los negocios tradicionales familiares, considerados esenciales para mantener la identidad rural de Extremadura.
El combate a la “emergencia demográfica” es otra de las prioridades del partido, que propone aumentar las ayudas por nacimiento y diseñar un plan de reactivación rural con beneficios fiscales para quienes tengan hijos o promuevan la conciliación laboral y familiar. Esto en un escenario en el que las tasas de natalidad en la región siguen siendo una de las más bajas del país, agravando la tendencia a la despoblación en los núcleos rurales.
Por otro lado, Vox cuestiona ciertas políticas nacionales y europeas vinculadas al medio ambiente y la energía, denunciando un «infierno fiscal y burocrático» que, según afirman, ha contribuido al cierre de industrias y a la pérdida de soberanía energética. La prioridad en este aspecto es mantener abiertas instalaciones clave como la central nuclear de Almaraz, argumentando que su cierre supondría una pérdida de empleos y un golpe al PIB regional, además de promover la eliminación de la ecotasa y facilitar la expansión logísticas mediante inversiones en suelo industrial y parques empresariales.
En el aspecto institucional, la formación propone reducir el tamaño del gobierno, eliminar subvenciones a partidos, sindicatos y ONG que perciben fondos públicos y apostar por una administración más sencilla y eficiente. Asimismo, se sugieren recortes en la estructura política, incluyendo la reducción del número de diputados en la Asamblea y la eliminación de cargos políticos superfluos, buscando fortalecer el control ciudadano y la economía local.
En materia de inmigración y asistencia social, Vox apuesta por suprimir ayudas dirigidas a inmigrantes en situación irregular y recortar fondos internacionales, en línea con su discurso de control de la inmigración y protección de los recursos regionaux. Por último, la formación sostiene que la reducción de impuestos, la promoción de la natalidad y el fortalecimiento del sector primario constituyen la base de un proyecto regional orientado a afrontar los desafíos sociales, económicos y demográficos que enfrenta Extremadura en la actualidad.
