En los últimos años, la incidencia de bajas laborales por motivos de salud mental entre los jóvenes en España ha experimentado un notable incremento, generando un impacto tanto en el ámbito social como en el económico. Según los datos publicados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), las bajas por enfermedad común se han elevado en aproximadamente un 60% desde 2017 hasta 2024, alcanzando un coste anual para el sistema de protección social que ronda los 33.000 millones de euros. Este aumento refleja una problemática que, además de afectar a la salud de los trabajadores más jóvenes, pone en evidencia deficiencias en la gestión de las condicones laborales y en los mecanismos de control del sistema de incapacidad temporal.
La abogada Virginia López, especializada en derecho laboral, señala que la mayoría de estas bajas corresponden a personas entre 25 y 35 años, que representan el grupo más afectado por las complicaciones de salud mental en el trabajo. Desde 2017, las cifras de bajas en esta franja de edad han crecido un 132%, superando ya las 200.000 bajas anuales. La tendencia se mantiene en aumento, con una incidencia en 2024 de casi cinco procesos por cada 1.000 trabajadores jóvenes, cifra que duplica la registrada en grupos de mayor edad, como el de 45 a 55 años.
Uno de los aspectos más preocupantes es la duración de estas incapacidades laborales. Actualmente, la media de días que un trabajador se encuentra de baja alcanza aproximadamente los 80 días, lo que representa casi un mes más que hace siete años. Este aumento en la duración, del orden del 15%, es especialmente relevante en casos relacionados con trastornos de salud mental y afecciones musculoesqueléticas. La prolongación no solo cuestiona la vulnerabilidad del sistema, sino que evidencia las dificultades que enfrentan los jóvenes para volver a la actividad laboral tras episodios de deterioro emocional o físico.
La problemática no reside únicamente en el aumento de las bajas, sino también en las condiciones que generan estos escenarios. López explica que factores como jornadas laborales extensas, presión constante, precariedad laboral, salarios bajos y contratos temporales en cadena contribuyen a un entorno laboral que mina la salud mental de los empleados. La cultura laboral basada en la urgencia y la disponibilidad total, que impide tomar descansos adecuados, agrava la situación, creando un círculo vicioso en el que el esfuerzo nunca se traduce en una recompensa justa y la fatiga se acumula peligrosamente.
A esta situación se suma un desajuste en las expectativas profesionales. Muchos jóvenes, tras invertir años en formación y preparación, se enfrentan a empleos precarios y mal remunerados. La discrepancia entre el esfuerzo y la recompensa, alimentada por una cultura que prioriza la inmediatez y la productividad constante, genera frustración y un desgaste emocional progresivo. La presión de mantener un trabajo en condiciones adversas, sumada al temor a la pérdida del empleo, lleva a muchos a vivir en un permanente estado de estrés, que eventualmente puede desencadenar en patologías psiquiátricas o físicas.
Desde el punto de vista económico, el incremento en la duración y frecuencia de estas bajas supone una carga significativa para el sistema de prestaciones sociales. La prolongación de las incapacidades temporales impacta directamente en la sostenibilidad del sistema, incrementando el gasto público y privado destinado a subsidios y atención médica. López destaca que, en muchos casos, las bajas se prolongan por encima de los 80 días, muy por encima de otras causas comunes de incapacidad temporal, lo que evidencia una problemática estructural que requiere una atención prioritaria.
Frente a este escenario, la especialista aboga por mejorar los controles y la coordinación del sistema de incapacidad temporal, siguiendo las recomendaciones de la Airef. Sin embargo, considera que también es urgente abrir un debate profundo sobre las condiciones laborales que predominan en muchas empresas, donde no solo la presión laboral sino también la cultura organizacional dañina contribuyen al deterioro de la salud de los trabajadores. La creación de entornos laborales que fomenten el respeto, el reconocimiento y el bienestar emocional puede ser un paso clave para reducir la incidencia de bajas por salud mental.
Expertos y profesionales llaman además a revisar las políticas y prácticas laborales, promoviendo reformas que propicien una mayor protección de la salud mental de los empleados, especialmente en las generaciones más jóvenes. Solo mediante una transformación real en la cultura, los ambientes y las condiciones de trabajo será posible revertir esta tendencia alarmante y garantizar que la salud de los trabajadores no se siga pagando con su bienestar y su capacidad productiva.
