El trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico en el centro de Oaxaca ha dejado un saldo de 14 fallecidos y un centenar de heridos, de los cuales once permanecen hospitalizados. El accidente ocurrió el 28 de diciembre cuando la locomotora, al tomar una curva pronunciada, se salió de las vías, provocando que el primer vagón cayera por un barranco y el segundo quedara semisuspendido. Tres de las víctimas, que se encontraban en el segundo vagón, han decidido emprender acciones legales contra las constructoras y funcionarios involucrados, denunciando negligencia al no haber atendido las auditorías que señalaban fallas en la construcción. El abogado de los demandantes, Adrián Arellano, manifestó su intención de participar activamente en la investigación para establecer las causas del incidente y buscar una reparación integral del daño para sus clientes, cuyas vidas han cambiado radicalmente tras el accidente.

En medio de la tragedia, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha prometido apoyo total a las víctimas, asegurando una reparación integral más allá de lo contemplado por los seguros. Sheinbaum criticó la intervención de bufetes en el proceso, afirmando que no es necesario recurrir a abogados para garantizar sus derechos. Por su parte, Seguros Ve por Más, responsable del seguro, se enfrenta al reto de gestionar las reclamaciones bajo una póliza que cubre hasta 116 millones de pesos al año, aunque trascendió que el servicio inició sin seguro de pasajeros debido a una licitación desierta. Este accidente plantea serios cuestionamientos sobre las políticas y prioridades del Plan Nacional Ferroviario impulsado durante la administración de López Obrador y continuado por Sheinbaum, priorizando objetivos políticos sobre estándares de seguridad en la construcción de nuevos proyectos.

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