El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, ha aprobado una polémica ley que impone nuevas restricciones y controles sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG). La normativa, que obliga a las ONG a registrarse y someterse al escrutinio oficial, afecta gravemente las libertades asociativas y de defensa de derechos humanos en un contexto de creciente represión contra detractores del gobierno de Nicolás Maduro. Las organizaciones deberán reportar detalladamente sus actividades y financiamiento, enfrentándose a sanciones administrativas y posibles disoluciones. La comunidad internacional, incluida la ONU, ha expresado su preocupación por el impacto negativo en los derechos humanos y la democracia.
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