El Gobierno de Venezuela ha informado este lunes que, en el marco de la recién aprobada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, se han beneficiado un total de 2.021 personas con medidas cautelares y 177 presos. El diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria para el cumplimiento de esta norma, señaló que la medida busca liberar a los detenidos políticos arrestados a lo largo del chavismo. Sin embargo, la oposición y diversas ONG han expresado su preocupación, argumentando que la ley, aunque ya publicada en la Gaceta Oficial, deja fuera a un número significativo de presos políticos.
Según la organización Foro Penal, se estima que 2.742 personas podrían quedar amparadas «de manera inmediata» por la amnistía, aunque deberán enfrentarse primero a los tribunales controlados por el gobierno. La ley, impulsada por Delcy Rodríguez, no incluye a quienes fueron detenidos en episodios recientes de gran relevancia política, como el intento de asesinato contra Nicolás Maduro en 2018 o la Operación Gedeón, que buscaba derrocarlo entre 2019 y 2020. Esta omisión ha suscitado críticas sobre la efectividad y la verdadera intención de la amnistía, en un contexto marcado por tensiones políticas y reclamos de justicia por parte de los sectores opositores.
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