Esta semana se vislumbra como crítica para el sistema de patentes en Estados Unidos, con el Comité Judicial del Senado programado para emitir su voto en torno a dos importantes proyectos de ley: el Patent Eligibility Restoration Act (PERA) y el PREVAIL Act. Ambas iniciativas han suscitado un debate acalorado en torno a sus posibles repercusiones en el ámbito de la tecnología, la innovación y los derechos de los usuarios.
El PERA, formalmente conocido como S. 2140, tiene como objetivo principal revocar parte del precedente sentado por la Corte Suprema en el fallo de 2014, Alice v. CLS Bank. Este histórico fallo estableció que las meras ideas abstractas, cuando se presentan junto con lenguaje informático genérico, no eran susceptibles de ser patentadas. Aunque la decisión no ha erradicado por completo los problemas inherentes al sistema de patentes ni la proliferación de entidades conocidas como «trolls de patentes», sí ha logrado que un número considerable de solicitudes de patentes de software ineficaces —como aquellas relacionadas con el crowdfunding, el seguimiento de paquetes y la publicidad online— sean rechazadas. No obstante, críticos del PERA han alzado la voz, indicando que esta legislación podría reinstaurar patentes digitales peligrosas y permitir la posibilidad de patentar genes humanos, un tipo de protección que la Corte Suprema había reducido notablemente en 2013.
Por otro lado, está en juego el PREVAIL Act, identificado como S. 2220. Este proyecto de ley busca restringir severamente la capacidad del público de impugnar patentes problemáticas ante la oficina de patentes, un mecanismo esencial para anular aquellas patentes que debieron haber sido rechazadas desde un principio. En caso de ser aprobados, ambos proyectos podrían representar un golpe a los intereses del público en favor de un selecto grupo de titulares de patentes, advierten analistas y defensores del consumidor.
La respuesta ha sido clara y contundente: la Electronic Frontier Foundation (EFF), respaldada por grupos de derechos de los pacientes, organizaciones de derechos del consumidor y startups, ha mostrado una oposición frontal a estas propuestas que consideran perjudiciales. Según declaraciones de la EFF, la aprobación de estas leyes no solo facilitaría el abuso por parte de los llamados «trolls de patentes», sino que además podría abrir las puertas a una nueva ola de litigios y demandas infundadas que afectarían tanto a pequeñas empresas como a innovadores individuales.
La comunidad está convocada a actuar esta semana. La EFF insta a los ciudadanos a enviar un mensaje firme a sus representantes en el Congreso, expresando su rechazo a estas iniciativas y defendiendo el interés público. La misión es clara: proteger un ecosistema de innovación que priorice a los creadores y usuarios cotidianos frente a prácticas que podrían obstaculizar el progreso tecnológico y científico. La batalla por las patentes está en marcha, y el futuro de la innovación en Estados Unidos pende de un hilo.
