La plataforma de reparto de comida a domicilio Uber Eats ha anunciado un cambio significativo en su modelo operativo en España, que implica prescindir del trabajo autónomo de sus repartidores. Según informó el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la compañía dejará de operar con repartidores independientes como parte de su estrategia para cumplir con la Ley Rider, una normativa que busca regular el trabajo en plataformas digitales y acabar con la figura del falso autónomo.
Este paso llega después de una década de polémica y presión gubernamental. En diciembre, el gobierno advirtió a Uber Eats que tomaría medidas legales, incluso de índole penal para sus directivos, si no adecuaba su modelo laboral. La legislación vigente desde agosto de 2021 obliga a las plataformas de reparto a contratar a sus repartidores como empleados asalariados, estableciendo en paralelo requisitos de transparencia en el funcionamiento de los algoritmos que determinan salarios, rutas y horarios.
Hasta ahora, Uber Eats se había mantenido como la última de las grandes plataformas operando con trabajadores autónomos, en contraste con otras como Glovo, que en diciembre de 2024 tomó la decisión de modificar su modelo de negocio contratando a repartidores como empleados. La española Glovo, tras numerosas sentencias judiciales y multas millonarias, inició en 2022 la contratación de unos 4.000 repartidores bajo un contrato laboral formal, en un intento por cumplir con la ley y evitar sanciones.
La estrategia de Uber Eats, en cambio, fue por ahora mantener un esquema híbrido. La plataforma ofrecía la opción a los repartidores de seguir trabajando como autónomos o integrarse en flotas colaboradoras vinculadas a la aplicación, con la posibilidad de cambiar a empleados en dichas flotas. Sin embargo, en 2025 anunció que dejaría de colaborar con repartidores independientes, limitándose a ofrecer la opción de incorporarse como empleados en las flotas, con más de siete mil repartidores ya contratados en ese modelo en ese año.
Desde el gobierno, la ministra Yolanda Díaz ha reiterado en varias ocasiones que la Inspección de Trabajo aumentará sus controles para garantizar que las empresas cumplan con la Ley Rider y las obligaciones legales correspondientes. La ley también contempla la obligación de las plataformas de proporcionar información transparente a los repartidores sobre las condiciones de trabajo, resolver dudas sobre las rutas, salarios y horarios, y ofrecer un marco que proteja sus derechos laborales.
Por su parte, Uber Eats busca consolidar un modelo sostenible a largo plazo, alejándose de los esquemas que han sido considerados fraudulentos por la justicia. La decisión también responde a la necesidad de evitar sanciones económicas y procesos penales que podrían afectar su operación en España y en otros mercados europeos.
Este movimiento en el sector de reparto digital en España refleja una tendencia clara: las grandes plataformas deberán adaptarse a una regulación cada vez más estricta que busca garantizar condiciones laborales justas y combatir la precariedad laboral. La experiencia de otras compañías señala que la transformación del modelo no es solo una cuestión legal, sino también una estrategia para mantener la aceptación social y la viabilidad económica en un mercado cada vez más regulado.
