El Gobierno de Donald Trump ha endurecido su postura contra Brasil al imponer un arancel del 50% a diversas exportaciones brasileñas, una de las tarifas más altas a nivel global. Esta medida se implementó antes de que concluyera el plazo de negociación del 1 de agosto, reflejando las tensiones entre ambos países. Aunque algunos sectores, como el de los aviones civiles de Embraer, han sido exceptuados, el anuncio fue un golpe para Brasil, que había estado negociando para evitar este desenlace. La Casa Blanca justificó su decisión citando las políticas de Brasil como una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU., lo cual ha intensificado la disputa más allá de las cuestiones comerciales, centrándose en las diferencias políticas entre ambas naciones.

Central al conflicto está el juez Alexandre de Moraes, quien lidera los procesos contra el expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos ha sancionado al magistrado usando la Ley Magnitsky, acusándolo de censura y represión judicial. Las sanciones incluyen la revocación de sus visados y de su círculo cercano, con implicaciones económicas significativas. Estas acciones se han interpretado como un apoyo a Bolsonaro y una crítica a los juicios en su contra, considerados una «caza de brujas» por Trump. El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, ha celebrado estas medidas desde Washington, donde aboga por una amnistía a favor de su padre. La situación refleja una profunda polarización política y un desafío a la independencia judicial en Brasil, exacerbado por las tensiones con las grandes empresas tecnológicas estadounidenses críticas a las regulaciones impuestas por el juez Moraes.

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