El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su enfrentamiento con la Universidad de Harvard al anunciar que demandará a la institución por 1.000 millones de dólares, alegando «daños y perjuicios». Esta demanda se produce tras una serie de disputas legales entre la Administración Trump y Harvard, que se acentuaron durante el segundo mandato de Trump en la Casa Blanca. En un contexto de tensiones crecientes, Trump congeló más de 2.000 millones de dólares en fondos federales destinados a la universidad, citando la aplicación de una supuesta política antisemita. Sin embargo, Harvard ganó un juicio en septiembre cuando un juez federal dictaminó que la suspensión de fondos fue ilegal y represalia motivada ideológicamente. A pesar de este revés judicial, Trump continúa sus críticas a la universidad, calificando a su rector de «antisemita» y demandando enérgicamente una retractación pública por parte de medios que, según él, han difundido información incorrecta.
El conflicto con Harvard no es un caso aislado en el contexto de las relaciones de la Administración Trump con instituciones de educación superior de élite. Bajo su mandato, se han aplicado restricciones a la admisión de estudiantes extranjeros, afirmando motivos de seguridad nacional. En particular, la Universidad de Harvard recibió una comunicación del Departamento de Seguridad Nacional revocando su capacidad para admitir estudiantes internacionales, una medida que fue detenida provisionalmente por una orden judicial. Además, el Departamento de Educación ha abierto investigaciones a más de 60 facultades y universidades tras protestas estudiantiles relacionadas con la política internacional y el conflicto en Gaza, lo que ha llevado a acusaciones de antisemitismo contra varias universidades. Estas acciones han exacerbado la tensión en los campus universitarios y han resultado en dimisiones de altos cargos, incrementando aún más el clima de persecución política contra los centros de enseñanza superior en Estados Unidos.
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