El Gobierno ha anunciado que llevará nuevamente al Congreso de los Diputados la propuesta de revalorización de las pensiones para 2026, esta vez mediante un decreto en solitario aprobado en Consejo de Ministros. La medida contempla un aumento del 2,7%, buscando así mantener el poder adquisitivo de los jubilados ante los efectos de la inflación.
Este movimiento llega tras el rechazo en el pleno del pasado martes a un decreto ‘ómnibus’ que agrupaba varias medidas sociales y económicas, incluida la subida de las pensiones. La negativa del Congreso, con votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, se fundamentó en la suspensión de desahucios en hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Sin embargo, fuentes oficiales adelantan que el Ejecutivo ha decidido separar la cuestión de las pensiones del resto del paquete legislativo, para facilitar su aprobación.
El gobierno dividirá el decreto en dos: una primera norma exclusivamente enfocada en la revalorización de las pensiones, la congelación de cuotas para autónomos y otras prestaciones sociales; una segunda con el resto de medidas del escudo social. Ambas deben ser sometidas a convalidación en el Congreso, un proceso que puede generar nuevas tensiones políticas.
Partidos de la oposición han expresado su postura. Desde Sumar, lamentaron la decisión, argumentando que la separación del paquete facilita el rechazo a la moratoria de desahucios, aunque reconocen que la oposición ya no tiene excusas para rechazar la subida de pensiones. Además, señalaron que el Congreso tendrá que decidir si apoya medidas sociales que ya están en vigor desde la pandemia y que, además, protegen a los más vulnerables, recordando que no hay que elegir entre vivienda o pensiones.
El PNV ha manifestado su intención de respaldar la moratoria antidesahucios, tras pactar con el Gobierno que los propietarios con una sola vivienda en alquiler no estarán obligados a ofrecer alternativas habitacionales a quienes enfrentan desahucios en condición vulnerable. Desde el Ejecutivo también han adelantado que el decreto del escudo social incluirá salvaguardas contra desahucios en viviendas gestionadas por fondos buitre o grandes tenedores.
La aprobación definitiva dependerá ahora del voto de Junts, que ha condicionado su apoyo a que se incluyan medidas concretas, y del resto de fuerzas políticas. Vox, por su parte, ha advertido que no apoyará automáticamente el decreto sobre pensiones, esperando conocer su contenido en detalle, y acusó al Gobierno de manipular el debate para enfrentar a la derecha con los intereses de los pensionistas. Mientras tanto, PP considera que el cambio en la estrategia del Ejecutivo evidencia una confesión de culpabilidad y acusa al gobierno de haber puesto en riesgo la subida de las pensiones para obtener otros beneficios políticos.
Este incidente vuelve a poner en evidencia las tensiones en la política española respecto a las medidas de protección social y el nivel de consenso necesario para garantizar derechos fundamentales. La situación con las pensiones, que ya en enero beneficiaron a los jubilados, queda ahora en el aire, a la espera de un acuerdo político que permita que la subida prevista en el año en curso pueda reflejarse en las nóminas de febrero. La discutida separación del paquete de medidas evidencia las diferencias de criterio en el Parlamento y la complejidad de avanzar en una agenda social que requiere apoyos amplios.
