En un fallo trascendental, un tribunal de primera instancia de Washington ha ratificado el derecho del público a acceder a datos recolectados por lectores automáticos de placas de matrícula (ALPR), desestimando los esfuerzos de los municipios locales por mantener estas informaciones en secreto. El Tribunal Superior del Condado de Skagit declaró que las imágenes capturadas por las cámaras de Flock Safety son registros públicos, según la Ley de Registros Públicos de Washington.
El tribunal destacó que estas imágenes, tomadas en ciudades como Stanwood y Sedro-Woolley, son financiadas por fondos públicos y tienen el propósito de servir al bienestar comunitario. Este fallo subraya la inquietante tendencia de limitar la transparencia pública y genera preocupación sobre la recopilación masiva de datos por parte de los departamentos de policía, almacenados en servidores de compañías privadas, lo que podría permitir a las ciudades eludir responsabilidades.
Flock Safety ha sido foco de controversia a nivel nacional, enfrentando críticas por el uso de sus datos, en algunos casos para dar apoyo a leyes de inmigración y en investigaciones de abortos, posiblemente en violación de las leyes estatales. Informes recientes revelan que ciertos municipios han compartido datos de ALPR con agencias de inmigración federal.
El caso se originó cuando un ciudadano solicitó acceso a un video grabado en marzo. Sin embargo, las ciudades implicadas intentaron argumentar que los datos almacenados en servidores privados no constituyen registros públicos hasta que una agencia los extraiga.
El tribunal rechazó este argumento, indicando que, de haberse aceptado, los departamentos de policía podrían haber almacenado todos sus datos en servidores privados, evitando así el escrutinio público. También desestimó la idea de que los datos capturados deban tratarse como información de investigación sensible, lo que habría permitido a las ciudades ocultar detalles sobre las vigilancias masivas.
Pese al fallo favorable, el ciudadano José Rodríguez no recibirá la información solicitada debido a la eliminación automática de los registros después de su solicitud, lo que podría infringir leyes estatales de registros públicos.
Esta situación pone de relieve la importancia del acceso a información gubernamental para asegurar la transparencia y responsabilidad en la aplicación de la ley, especialmente en el uso de tecnologías de vigilancia comunitaria.
