El próximo año, el salario mínimo interprofesional (SMI) en España experimentará un aumento del 3,1%, en lo que ya se considera una de las principales novedades en la política laboral del país. La tramitación del nuevo Real Decreto que oficializará la subida está en marcha, y se espera que su aprobación sea inminente, con publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) estimada para mediados o finales de febrero, así como la liquidación de los atrasos correspondientes para quienes perciben el SMI.
Este incremento elevará la cuantía del salario mínimo mensual en 2026 a 1.221 euros en catorce pagas, consolidando una tendencia de aumentos sostenidos en años recientes que busca fortalecer el papel del SMI como referencia para los salarios bajos y reducir las desigualdades económicas. La medida forma parte de una estrategia que el Gobierno define como necesaria para luchar contra la precariedad laboral y mejorar las condiciones de los trabajadores con menores ingresos.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, confirmó que el decreto se encuentra en proceso y aclaró que el retraso administrativo no implicará la pérdida de derechos para los trabajadores. En ese sentido, señaló que, independientemente de las disputas parlamentarias, ningún trabajador verá reducido su salario por debajo del nuevo umbral una vez que la actualización sea efectiva, gracias a la circular interpretativa emitida por la Dirección General de Trabajo, que reafirma la protección del salario mínimo legal en todos los escenarios.
Un punto clave es que la actual prórroga del salario mínimo de 2025, que fue rechazada en el Congreso tras el bloqueo del llamado escudo social por parte de los partidos de oposición, no se incorporará en el nuevo decreto. La decisión responde a la lógica de que, en medio del año 2026, la prórroga en sentido estricto ya no tiene sentido y el proceso de actualización se realiza en tiempo presente.
Por otro lado, uno de los aspectos pendientes en la agenda laboral es la reforma de las reglas que regulan la absorción y compensación de complementos salariales —una demanda histórica de los sindicatos—. Pérez Rey admitió que esta modificación no podrá implementarse de manera simultánea con la subida del SMI por motivos técnicos y normativos, ya que requiere trámites legislativos más complejos. Sin embargo, aseguró que la reforma llegará en un plazo cercano y que su objetivo principal será integrar la normativa española en línea con la Directiva Europea de Salarios Mínimos, buscando mayor transparencia y protección para los trabajadores.
La actualización del salario mínimo también busca consolidar su papel como herramienta de política social y económica, facilitando la lucha contra la desigualdad y promoviendo la justicia social. La normativa en trámite pretende que la medida cobre carácter retroactivo, beneficiando a quienes ya perciben el SMI, quienes tendrán derecho a recibir los atrasos una vez que la nueva normativa entre en vigor.
Mientras tanto, las autoridades mantienen el foco en fortalecer mecanismos que protejan a los asalariados más vulnerables, apuntalando que la legislación y las reformas en curso no solo buscan cumplir con compromisos internacionales, sino que también aspiran a dar mayor estabilidad y justicia al mercado laboral español. En un escenario donde el debate político continúa activo, la voluntad del Ejecutivo es que el SMI sea considerado un pilar esencial en la lucha contra la precariedad y en la promoción de una economía más equitativa.
