El Tribunal Supremo ha dictaminado que el Gobierno español debe asumir la responsabilidad de alrededor de 1.200 menores procedentes de Malí y Senegal que han solicitado asilo político en el país y que se encuentran actualmente en condiciones de hacinamiento en los centros de acogida de Canarias. Esta decisión judicial llega tras un periodo de incertidumbre en el que la gestión de la situación de estos menores había suscitado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y distintos actores políticos. La saturación de los centros de acogida en el archipiélago ha sido motivo de preocupación, ya que estos establecimientos no cuentan con la infraestructura necesaria para albergar a un número tan elevado de menores vulnerables.
La resolución del Supremo establece un precedente en cuanto a la responsabilidad del Ejecutivo en la gestión de los solicitantes de asilo menores de edad, subrayando la necesidad imperiosa de garantizar sus derechos y una atención adecuada. La presión migratoria en las islas Canarias ha aumentado considerablemente en los últimos años, convirtiéndose en una ruta clave para los migrantes africanos que buscan llegar a Europa. En este contexto, el fallo representa un llamamiento a la acción para el Gobierno español, que ahora está obligado a implementar medidas efectivas que aseguren condiciones dignas para estos jóvenes migrantes, proporcionando soluciones que vayan más allá del mero alojamiento temporal.
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