Los fenómenos meteorológicos extremos se han intensificado en las últimas décadas, con temporales que han traído rachas de viento superiores a los 100 km/h y lluvias intensas que han saturado los suelos. En Galapagar, la situación es palpable: numerosos árboles han caído en calles y parcelas privadas, planteando serios riesgos para sus propietarios y transeúntes. Sin embargo, las ordenanzas municipales siguen sin modificarse, lo que limita la capacidad de los vecinos para actuar ante la amenaza que suponen estos árboles, algunos de los cuales fueron plantados por ellos mismos hace más de medio siglo.

La actual normativa impide que un propietario decida talar un árbol por su cuenta, ya que la autorización recae en el municipio y puede conllevar costes desorbitados, superando incluso los 4.000 euros dependiendo de la antigüedad y el tamaño del ejemplar. Esta situación crea un dilema que obliga a muchos a convivir con el temor de un accidente, mientras la obligación de proteger el arbolado es indiscutible. La pregunta que surge es si es razonable mantener normas que no reflejan la realidad climática actual. La prevención de accidentes no debería ser un lujo, y es esencial que se permita a los ciudadanos actuar de manera responsable ante riesgos cada vez más latentes.

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