El Ejecutivo español reafirma su compromiso de aplicar con rigor la Ley de Vivienda en el mercado inmobiliario y condiciona la financiación estatal al cumplimiento de esta normativa. La ministra Isabel Rodríguez advirtió que las autonomías que no acaten la ley no recibirán fondos del Gobierno central, destacando que entre el 70% y el 75% de las políticas en esta área son financiadas por el Estado. En una clara señal a la Comunidad de Madrid, Rodríguez destacó que su insumisión afecta a miles de ciudadanos, incluidos empleados públicos, que se ven obligados a compartir vivienda debido a la presión del mercado de alquiler. Esta tensión se suma a la negativa de otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, que consideran estas medidas intervencionistas y perjudiciales para la inversión.
La confrontación entre el Gobierno central y las autonomías se agudiza, al tiempo que expertos como José García Montalvo indican que, legalmente, las comunidades autónomas tienen la potestad de decidir sobre el control de precios. El Ministerio de Vivienda, sin embargo, prepara un nuevo plan estatal que busca ajustar las políticas a las actuales necesidades del mercado inmobiliario, enfatizando la igualdad en el acceso a la vivienda. Rodríguez señaló optimismo frente al índice de precios de referencia ya aplicado en Cataluña y subrayó la importancia de proteger el suelo público de lo que califica como ‘especuladores’, señalando la necesidad de que las viviendas construidas sobre este suelo mantengan un uso social permanente.
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