Alfredo Prada, vicepresidente del primer Gobierno de Esperanza Aguirre, recibió en 2003 el encargo de construir la Ciudad de la Justicia, un ambicioso proyecto en Madrid para centralizar los dispersos y deteriorados órganos judiciales. Sin embargo, su gestión al frente de la sociedad pública derivó en contratación irregular del arquitecto Norman Foster y otros gastos millonarios. La Audiencia Nacional ha condenado a Prada a siete años de prisión por prevaricación y malversación agravada, al demostrar el amaño de 24 contratos por valor de 40 millones de euros en la construcción del Campus de la Justicia, un proyecto que terminó siendo un fracaso con un coste total de 200 millones de euros.
Esta condena pone fin a una serie de investigaciones judiciales que han destapado la corrupción dentro del Gobierno de Aguirre, considerado el más corrupto en la historia de la Comunidad de Madrid. Entre las figuras destacadas se encuentran Ignacio González, vicepresidente primero, con varias causas pendientes; y Francisco Granados, secretario general del PP-Madrid, implicado en la trama Púnica. Varios altos cargos fueron condenados por su participación en la trama Gürtel, incluyendo a Alberto López Viejo y Guillermo Ortega. A pesar de las acusaciones, Esperanza Aguirre ha eludido el juicio directo, aunque se señala que fue la principal beneficiaria de los delitos cometidos por sus colaboradores.
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