El gobierno de Javier Milei enfrenta una creciente tensión con los sindicatos argentinos, evidenciada esta semana en movilizaciones y huelgas organizadas por la Confederación General del Trabajo (CGT). El miércoles, miles de jubilados y trabajadores marcharon hacia el Congreso en rechazo a los recortes aplicados por la administración de Milei, describiendo la medida como una agresión a los derechos adquiridos por los sectores más vulnerables. La presión continúa con una huelga general programada para el jueves, la tercera desde el comienzo del gobierno de Milei, que paralizará sectores cruciales como bancos, escuelas y transportes, aunque se espera que los servicios de autobuses continúen operando bajo una conciliación obligatoria.

El contexto social en Argentina se complica aún más por las divisiones internas dentro de la CGT, entre aquellos que prefieren mantener el diálogo con el gobierno y quienes abogan por romper el pacto de no agresión vigente desde el año pasado. Mientras tanto, desde la Casa Rosada intentan desestimar la huelga, señalándola como un acto político, y anticipan una posible reforma laboral que podría incrementar la flexibilidad del mercado de trabajo. La situación también resuena en los movimientos sociales que, habiendo perdido visibilidad tras la llegada de Milei al poder, encuentran nuevamente una plataforma común de reclamos en contra de las políticas gubernamentales. En medio de este panorama, la renovación de la cúpula de la CGT en noviembre podría redefinir las dinámicas de negociación y presión entre el gobierno y los sindicatos.

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