La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de información confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un fallo detallado de 233 folios, los magistrados aclaran que García Ortiz, o alguien de su entorno, fue responsable de difundir un correo electrónico que contenía datos reservados del abogado del empresario. Las implicaciones de esta acción han llevado al tribunal a establecer una inhabilitación especial de dos años para el cargo de fiscal general, así como una multa de 7.200 euros y una compensación de 10.000 euros a González Amador por daños morales.

El tribunal ha subrayado que, como fiscal general del Estado, García Ortiz tenía un deber de reserva que ha sido quebrantado sin justificación. En su argumentación, la Sala enfatiza que no se puede responder a una noticia falsa cometiendo un delito, evidenciando así la gravedad de la conducta del fiscal. Esta sentencia resalta la responsabilidad que recae sobre los altos funcionarios en el manejo de información sensible y la importancia de la ética en el ejercicio de sus funciones.

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