Los gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay han difundido un comunicado conjunto en el que expresan su preocupación por los “hechos ocurridos en Venezuela” y fijan una línea roja diplomática: rechazo a cualquier acción militar unilateral y defensa de una salida política y pacífica, liderada por los propios venezolanos y enmarcada en el derecho internacional.
El texto, publicado el 4 de enero de 2026, apela de forma explícita a los principios de la Carta de las Naciones Unidas —incluida la prohibición del uso o amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y la integridad territorial— y alerta de que estos movimientos suponen un precedente “peligroso” para la paz y la seguridad regional, además de aumentar el riesgo para la población civil.
Aunque el comunicado no atribuye responsabilidades a un país concreto, llega en un momento de escalada de tensión ampliamente reportada por medios internacionales, con reacciones que también han alcanzado a Naciones Unidas. En las últimas horas, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó “profunda alarma” por los acontecimientos y reiteró su llamamiento a una salida política y pacífica.
El documento sostiene que solo un proceso político inclusivo, “liderado por las y los venezolanos”, puede conducir a una solución “democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”, e insiste en que dicho proceso debe desarrollarse sin injerencias externas y con apego al derecho internacional.
Además, los seis gobiernos llaman a la unidad regional, “más allá de las diferencias políticas”, y piden al Secretario General de la ONU y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes que activen sus buenos oficios para contribuir a la desescalada y preservar la paz.
El cuarto punto introduce un elemento especialmente sensible: el rechazo a cualquier intento de control gubernamental, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, por considerarlo incompatible con el derecho internacional y desestabilizador para la región.
En términos diplomáticos, el comunicado busca fijar un marco compartido: no normalizar acciones militares unilaterales, reforzar el principio de no intervención y evitar que la crisis derive en una dinámica regional de bloques. La inclusión de España junto a cinco países latinoamericanos subraya, además, la intención de presentar una postura que combine peso político y señal regional, en un contexto donde los cables diplomáticos y los mensajes públicos suelen anticipar movimientos en foros multilaterales.
Fuentes: La Moncloa
