En un contexto marcado por tensiones nacionales e internacionales, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha evitado hacer declaraciones a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas. En contraste con otros líderes como el canciller alemán Olaf Scholz o el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, que sí se dirigieron a la prensa, Sánchez se mantuvo en silencio, una acción inusual que coincide con la compleja situación en España tras la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Esta imputación, inédita en la historia democrática del país, ha generado una gran expectación mediática y política, a lo que el Gobierno ha respondido respaldando al fiscal y calificando su acto como una defensa contra «un bulo».
Mientras tanto, dentro del marco europeo, España se enfrenta a un acalorado debate sobre políticas migratorias. Sánchez se opone firmemente a la propuesta de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respaldada también por Ursula von der Leyen, sobre la creación de centros de detención de migrantes fuera del territorio comunitario. España aboga por la implementación inmediata del pacto común de migración y asilo, previsto para 2026, como una solución integral al desafío migratorio. El gobierno español ha dejado claro su rechazo a soluciones temporales, insistiendo en la necesidad de un enfoque cohesivo y armonizado en la política migratoria europea, sin recurrir a lo que denominan «vetos».
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