El gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, enfrenta una nueva ola de corrupción que ha implicado a altos funcionarios del PSOE y ha desencadenado una serie de medidas para aumentar la transparencia. En respuesta a recientes escándalos que afectan directamente al partido, Sánchez ha garantizado reformas legales y acciones concretas para reforzar la transparencia en la contratación pública y en las agendas políticas, incluyendo la renovación del portal de transparencia y una nueva plataforma de contratación pública. Durante la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto 2025, Sánchez destacó su compromiso de “abrir la democracia al escrutinio ciudadano”, enfrentando la “fatiga democrática” con políticas públicas participativas y eficientes.
Sin embargo, la implementación práctica de estas medidas todavía presenta desafíos significativos. Aunque el anteproyecto de ley de administración abierta busca mayor control de las agendas de los políticos, en la práctica, la transparencia sigue siendo limitada, con agendas incompletas que no reflejan las reuniones no oficiales. Además, el debate sobre la regulación del papel de figuras relacionadas con políticos sigue vigente, mientras casos mediáticos como las investigaciones sobre Begoña Gómez, esposa de Sánchez, continúan creando controversia. En este contexto, el lehendakari Imanol Pradales ha enfatizado la importancia de cumplir compromisos entre instituciones para fortalecer la confianza ciudadana, destacando el papel crucial de gobiernos locales y subestatales en la mejora democrática.
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