En un informe presentado recientemente, el Ministerio de Sanidad ha revelado datos significativos sobre la evolución de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en España entre 2015 y 2024. En 2024, se realizaron 106.172 abortos, de los cuales el 21,25% se llevaron a cabo en centros públicos, evidenciando un incremento del acceso público al servicio, aunque persistiendo desigualdades territoriales importantes.

Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra lideran con más del 60% de procedimientos en centros públicos, mientras que comunidades como Andalucía y Madrid presentan cifras asombrosamente bajas, con 0,2% y 0,47% respectivamente, dejando a Extremadura, Ceuta y Melilla sin registros en centros públicos.

El informe destaca que las intervenciones más avanzadas en gestación se realizan en su mayoría en centros públicos, donde la capacidad para gestionar casos complejos es mayor. Las diferencias también se observan según el método utilizado. Las comunidades con un alto porcentaje de procedimientos públicos tienden hacia la IVE farmacológica por su menor complejidad logística.

La dependencia de centros privados para la IVE tiene implicaciones sanitarias y sociales, ya que aleja el aborto del ámbito público, perpetuando estigmas e impidiendo un acceso universal. Las mujeres suelen obtener información en centros públicos, pero la mayoría de los procedimientos se realizan en privados, reflejando una inconsistencia en la práctica.

Para mejorar la accesibilidad, el informe sugiere medidas como la actualización de los registros de objetores de conciencia y la promoción del método farmacológico, así como protocolos homogéneos y formación específica del personal, asegurando así una prestación pública efectiva y equitativa a nivel nacional.

Fuente: Ministerio de Sanidad