Nueve centros de detención de inmigrantes en Luisiana han sido acusados de abusos generalizados y tratos inhumanos, según una investigación encabezada por la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU). El estudio, basado en 59 visitas a las instalaciones entre 2022 y 2024 y entrevistas a más de 6.200 detenidos, reveló violaciones de leyes federales y de derechos humanos, incluyendo agresiones físicas, abusos sexuales, negación de medicinas y condiciones insalubres. Las cárceles, mayormente ubicadas en zonas rurales y administradas por empresas privadas, dificultan el acceso a abogados y familia de los detenidos. Organizaciones participantes en la investigación han exigido el cierre inmediato de las instalaciones del ICE en el estado, calificando la detención de inmigrantes como una «máquina de ganancias» a expensas de los derechos humanos.

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