El compromiso electoral del Partido Popular (PP) de Baleares en las pasadas elecciones autonómicas incluía el derecho de las familias a elegir la lengua de primera enseñanza, un derecho ya establecido en la normativa lingüística balear desde 1986. Sin embargo, a pesar de las exigencias recibidas, las autoridades, bajo la dirección de Antoni Vera, no informaron adecuadamente a las familias ni facilitaron su ejercicio. Se criticó la falta de una campaña mediática y la ausencia de fuerza jurídica en las instrucciones emitidas, lo que resultó en que aproximadamente un 40% de los centros educativos no ofrecieran las opciones de lengua en los impresos de matrícula.
Marga Prohens, en sede parlamentaria, negó que los centros hubieran omitido las casillas de idioma en los impresos, a pesar de que la Consejería de Educación admitió no tener registros claros al respecto. La situación revela una falta de transparencia y acción tanto del Partido Popular como de las instituciones educativas, lo que ha contribuido a la marginalización del español. La respuesta insuficiente por parte de los colegios y la falta de claridad sobre cómo se implementará el derecho elegido han generado incertidumbre y desconfianza entre las familias de Baleares.
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