Durante los meses de invierno, el acceso a agua caliente es fundamental para el bienestar en el hogar, especialmente para aquellos que viven de alquiler. Sin embargo, muchas viviendas enfrentan el problema de contar con calderas viejas o en mal estado, lo que provoca incertidumbre sobre quién debe asumir la responsabilidad de las reparaciones. Según el artículo 21.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es el arrendador quien está obligado a garantizar las condiciones de habitabilidad. La ley establece que los propietarios deben encargarse de las reparaciones necesarias para mantener la calefacción funcionando, sin que esto implique un aumento en la renta del inquilino.
Si bien los propietarios tienen la carga de realizar reparaciones generales, los inquilinos también tienen deberes, como el mantenimiento básico de la caldera, que incluye su limpieza y cambios de filtro. En caso de que surjan problemas serios que afecten la seguridad o salubridad, la LAU no establece un plazo concreto para las reparaciones, pero exige que se realicen con prontitud. Si el arrendador retrasa la reparación sin justificación, el inquilino puede proceder a realizarla y luego solicitar el reembolso. En última instancia, si el propietario se niega a pagar por la reparación, el inquilino tiene el derecho de rescindir el contrato de arrendamiento, garantizando así sus derechos a vivir en un espacio habitable.
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