El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres (UNGRD) ha sacudido al Gobierno de Gustavo Petro, con acusaciones que llegan hasta el círculo cercano del presidente. Exfuncionarios como Olmedo López, anterior director de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, su subdirector, han confesado la malversación de millones para sobornar a legisladores, mientras que Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, enfrenta acusaciones similares. El asunto cobró mayor relevancia cuando Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, declaró que la mano derecha de Petro, Laura Sarabia, también está involucrada, sugiriendo la existencia de un complot en su contra. Ortiz, quien fue encarcelada durante su audiencia, niega los cargos y afirma que denunció la corrupción relacionada con una serie de carrotanques que nunca cumplieron su misión de proporcionar agua en La Guajira.
En respuesta a las acusaciones, Sarabia ha desmentido cualquier implicación, calificando las declaraciones de Ortiz como «fantasiosas» y asegurando haber colaborado plenamente con las investigaciones. Detalló que, al asumir el cargo en febrero de 2024, pidió la renuncia del director de la UNGRD y ordenó la suspensión de todas las contrataciones. Sarabia incluso interpuso una denuncia penal contra Ortiz por las insinuaciones de complot. Mientras el proceso judicial avanza, es evidente la presión sobre el Gobierno de Petro con varios de sus cercanos sometidos a investigación. La situación subraya una crisis que podría transmitir serias repercusiones políticas para la administración, con la sombra de la corrupción reflejándose en las altas esferas del poder y sembrando incertidumbre sobre sus futuros pasos.
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