El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, confirmó que no hay personal de su oficina trabajando desde Venezuela, tras ser declarado persona non grata por el Parlamento venezolano en julio pasado. Esta decisión refleja el creciente distanciamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y organizaciones internacionales que monitorean los derechos humanos en el país. A pesar de numerosos intentos por dialogar y solicitar visados, la falta de cooperación ha imposibilitado la presencia de la ONU en el terreno. El cierre de la oficina local de la Corte Penal Internacional (CPI) es otro indicativo de estas tensiones, mientras Venezuela avanza en la derogación de su adhesión al Estatuto de Roma, que estructura la jurisdicción del CPI.
En un contexto de restricciones a las libertades fundamentales, detenciones arbitrarias y crisis socioeconómica, el señor Turk expresó su preocupación por las recientes leyes de emergencia aprobadas en Venezuela, que incrementan el poder discrecional del ejecutivo frente a las tensiones con Estados Unidos. Las denuncias de reclutamientos forzosos en cuerpos como la Milicia Bolivariana son solo algunos ejemplos del clima de militarización. Además, la comunidad internacional observa con alarma el uso de una aplicación estatal que incentiva la delación entre ciudadanos, el deterioro de las condiciones carcelarias y los juicios a periodistas y activistas. Estos eventos reflejan un proceso de ruptura prolongado entre el régimen chavista y las instituciones que velan por los derechos humanos, cuyas relaciones han transitado desde el diálogo diplomático hasta una confrontación abierta.
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