Durante la pandemia, Nicola Packer, de 41 años, descubrió que estaba embarazada. En soledad y mediante consultas telefónicas con el Servicio Nacional de Salud, obtuvo medicación para interrumpir su embarazo, sin saber que ya había superado el límite legal de diez semanas, encontrándose en realidad en la semana 26. Este error desencadenó un proceso judicial que duraría cinco años, donde fue acusada de «envenenamiento» del feto. Este caso impulsó una significativa reforma en el Reino Unido, despenalizando el aborto para las mujeres, mientras sigue penalizado para el personal sanitario que lo realice fuera de los supuestos legales.
El Parlamento británico aprobó una enmienda por 379 votos contra 137, evitándole a las mujeres investigaciones policiales y castigos penales por abortos fuera de los parámetros legales. Este cambio fue resultado de una creciente presión social y de organizaciones como el Real Colegio de Obstetricia y Ginecología, que denunciaron las leyes vigentes como obsoletas y perjudiciales. Sin embargo, el aborto en el Reino Unido sigue siendo de carácter penal, permitiéndose solo bajo ciertas condiciones con la aprobación de dos médicos, manteniendo restricciones como el límite de 24 semanas.
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