En los últimos años, la identidad digital ha emergido como una solución prometedora en la era digital, mientras gobiernos de todo el mundo impulsan su implementación. Sin embargo, esta tendencia ha encendido una serie de interrogantes críticos sobre la privacidad y la seguridad de los usuarios.
La identidad digital abarca diversas formas de identificar a una persona en línea o de manera presencial. Estas identificaciones pueden variar desde credenciales digitales emitidas por entidades certificadoras hasta licencias de conducir móviles almacenadas en billeteras digitales. Los métodos más comunes incluyen códigos QR escaneables o lectores de comunicación de campo cercano (NFC). A pesar de la existencia de métodos que promueven una mayor privacidad, estas son las formas predominantes hoy en día.
Quienes defienden el concepto de la identidad digital suelen referirse al «Triángulo de Confianza». Este modelo plantea una relación entre el titular de la identificación, el emisor, usualmente el gobierno, y el verificador, que puede ser cualquier entidad que necesite validar la identidad, desde sitios web hasta servicios públicos. Teóricamente, el emisor y el verificador no intercambian información, reduciendo así el riesgo de seguimiento y vigilancia. Sin embargo, esta premisa enfrenta desafíos significativos.
Una de las suposiciones más cuestionables es que los verificadores solo solicitarán información limitada y no almacenarán los datos recolectados. Además, se espera que actúen de manera confiable. No obstante, cualquier entidad puede actuar como verificador, desde agencias gubernamentales hasta sitios web, generando preocupación sobre la protección de datos personales de los usuarios.
Esta relación asimétrica se acentúa ya que los documentos de identificación son altamente centralizados y controlados por los gobiernos, limitando el control del usuario sobre la emisión de su propio ID y creando un potencial desbalance de poder.
La preocupación crece con la llegada de tecnologías como la API de Credenciales Digitales, promovida por gigantes tecnológicos como Google y Apple. Esta herramienta permite a aplicaciones y sitios web solicitar información de identificación sin límites claramente definidos, lo que podría resultar en solicitudes excesivas de información o en verificaciones requeridas por servicios no tradicionales.
Sin salvaguardias adecuadas, el riesgo de abuso aumenta. Un verificador con intenciones maliciosas podría emitir solicitudes sin mecanismos adecuados de control, bloqueando a usuarios que se niegan a proporcionar información de acceso a servicios esenciales.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales para mitigar los riesgos de explotación, estos han sido insuficientes. Un ejemplo es la iniciativa de la Comisión Europea con una miniaplicación de verificación de edad, lanzada en preparación para una identificación digital prevista para 2026. Sin embargo, la inexistencia de un registro de verificadores plantea serias dudas sobre la legitimidad de las solicitudes.
Aunque la identificación digital busca solucionar el problema de repetir la presentación de documentos en cada sitio web, su éxito depende de una implementación segura y ética. En un entorno donde la privacidad es crucial, los reguladores deben establecer medidas protectoras eficaces. De lo contrario, las soluciones de identidad digital podrían exacerbar las desigualdades existentes, en lugar de mejorar el acceso a servicios e información en línea para todos.
