La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han llevado a cabo una operación policial que ha permitido desmantelar un organizamiento criminal dedicado al transporte ilegal de residuos peligrosos. La investigación, que se ha prolongado durante meses, ha revelado que la red habría movido en contenedores desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta distintos países africanos cerca de 650 toneladas de residuos, muchos de los cuales representaban un riesgo grave para el medio ambiente y la salud pública.
La organización operaba a través de una estructura bien coordinada y oculta tras múltiples empresas y facturas falsas, con el objetivo de eludir los controles aduaneros y ambientales. En total, son 32 personas y cuatro sociedades las que están siendo investigadas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, con domicilios en diversas islas del archipiélago canario, incluyendo Tenerife, Gran Canaria y Mallorca.
Durante la operación, los agentes detectaron un flujo constante de mercancías transportadas en contenedores por vía marítima, en buques que partían del puerto de Santa Cruz de Tenerife hacia África. La modalidad de la organización consistía en ocultar los residuos peligrosos mediante documentación falsificada o manipulada, en un intento por evitar inspecciones que pudieran detener o restringir la exportación ilícita.
Entre los residuos transportados se encontraban aparatos electrónicos y eléctricos, principalmente motores y compresores extraídos de frigoríficos desechados sin el proceso adecuado de descontaminación. Esta práctica incrementa el peligro de liberación de gases tóxicos a la atmósfera, además de suponer un riesgo para la salud de las personas y del medio ambiente. Asimismo, se han localizado repuestos y piezas de automóviles, y aproximadamente 38 toneladas de extintores, que eran enviados sin la adecuada gestión de residuos peligrosos.
La red también exportaba vehículos usados, como turismos, camionetas y camiones, con documentación falsificada, presentándolos como mercancía de segunda mano legalmente importada. En total, los investigadores calculan que la organización habría movilizado cerca de 650 toneladas de residuos peligrosos y 86 toneladas de residuos no peligrosos, con un valor estimado en alrededor de 800.000 euros.
El liderazgo de la banda recaía en cinco individuos con roles diferenciados: dos gestionaban la parte administrativa y logística desde Gran Canaria, mientras que otros tres residentes en Tenerife realizaban los envíos efectivos y gestionaban toda la documentación, tanto legal como falsificada, necesaria para la operación ilícita. La fachada de normalidad se sustentaba en varios negocios que facturaban en nombre de terceros, en algunos casos sin el conocimiento de estos de la actividad real, complicando aún más las labores de control y detección.
La legislación vigente tipifica el delito de traslado ilegal de residuos en el Código Penal desde 2015, estableciendo penas que van desde los tres meses hasta un año de prisión, o multas que oscilan entre seis y dieciocho meses, además de la inhabilitación profesional por hasta un año. El tráfico ilícito de residuos peligrosos, además de ser considerado un delito grave, forma parte de la preocupación internacional ante la amenaza que representa para la protección del medio ambiente, especialmente en lo relativo a los movimientos transfronterizos, regulados por tratados internacionales como el Convenio de Basilea.
Este caso evidencia la dificultad y la importancia de fortalecer los controles en los puertos y en las operaciones de exportación de residuos, así como la coordinación internacional para evitar que organizaciones criminales continúen poniendo en riesgo recursos naturales y la salud pública mediante prácticas ilegales de gestión de residuos. La operación continúa abierta, y se siguen realizando diligencias para identificar a todos los responsables y desmantelar por completo la estructura delictiva implicada.
Fuente: Ministerio del Interior
