El Real Patronato sobre Discapacidad presentó el 12 de mayo de 2026 en Madrid el primer gran estudio exploratorio sobre la prevalencia y características de la discapacidad en España. Elaborado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y coordinado por el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (CEDID), el informe revela que la edad media de los solicitantes ha subido hasta los 55 años y que los casos vinculados a la salud mental crecen de forma sostenida en toda la geografía española.
El estudio, encargado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, recoge datos de 15 comunidades autónomas y analiza los cambios derivados del Real Decreto 888/2022, que reformó el sistema de valoración de la discapacidad hacia un modelo más centrado en la persona y en las barreras del entorno.
La discapacidad física sigue siendo el tipo más frecuente al iniciar la solicitud, pero el peso de los perfiles mixtos —con combinación de varios tipos— ha crecido de forma clara. Las comunidades de Galicia, Asturias y Castilla y León concentran las solicitudes de personas en edades más avanzadas. En el extremo contrario, Galicia, La Rioja y Murcia registran los porcentajes más altos en solicitudes relacionadas con salud mental, con una tendencia al alza en prácticamente todos los territorios.
En cuanto al sexo, el informe constata un ligero predominio femenino en la mayoría de comunidades autónomas, con Galicia a la cabeza. A nivel global, la distribución es equilibrada entre hombres y mujeres.
La norma, en vigor durante el período analizado, incorporó los principios de autonomía y participación social y reconoció las barreras del entorno como factor de evaluación. Los investigadores señalan que esta reorientación ha generado una demanda más amplia y heterogénea, lo que requiere mayor coordinación entre territorios, formación especializada y recursos de apoyo adicionales.
Los cambios en la política de discapacidad se producen en un contexto de revisión más amplia de la sanidad y los servicios sociales. El Congreso de los Diputados recibió recientemente el proyecto de ley que limita la gestión privada del SNS, otra pieza del reajuste del sistema público de protección social. Por su parte, la sanidad madrileña anunció que más de 8.000 enfermeras se incorporan como personal fijo al SERMAS durante la legislatura, un refuerzo que incide directamente en los servicios de salud mental.
El informe concluye que el sistema debe responder a una realidad más plural: más personas mayores, más perfiles complejos, más demanda en salud mental y diferencias notables entre territorios. Los autores reclaman respuestas personalizadas y una coordinación más estrecha entre administraciones para que el acceso a la valoración y a los apoyos sea efectivo en todas las regiones.
El estudio completo está disponible para consulta pública en el portal del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El estudio fue elaborado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, coordinado por el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (CEDID) del Real Patronato sobre Discapacidad, por encargo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El envejecimiento de la población española y el mayor peso de las enfermedades crónicas explican en parte ese incremento. Además, el Real Decreto 888/2022 ha facilitado el acceso a la valoración a personas que antes no solicitaban el reconocimiento formal de su situación.
Galicia, La Rioja y Murcia presentan los porcentajes más altos en solicitudes vinculadas a la salud mental, aunque la tendencia es creciente en prácticamente todos los territorios analizados.
La norma sustituye el modelo basado exclusivamente en el diagnóstico médico por uno que considera también las barreras del entorno y la capacidad de participación social de la persona, en línea con los principios de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El informe está disponible públicamente en el portal del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (dsca.gob.es), en el apartado de comunicación del Real Patronato sobre Discapacidad.
Fuente: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
