La Unión Europea enfrenta un complejo despertar ante el impacto económico y geopolítico provocado por las políticas de Donald Trump. La economía de la UE está en declive, su competitividad se estanca y su influencia internacional se debilita, empujando a Bruselas a replantear su estrategia económica y defensiva. En respuesta al desafío, se considera el establecimiento de un impuesto a los más acaudalados para financiar un aumento del gasto militar y revitalizar la economía. El Observatorio Fiscal de la UE sugiere que una tasa del 2% sobre fortunas superiores a los 100 millones de euros podría generar 67.000 millones para los estados miembros, una cifra significativa para impulsar programas industriales y de transición energética. España se beneficiaría con una recaudación adicional de 5.200 millones de euros. Esta propuesta surge tras un informe del economista Gabriel Zucman, que busca cerrar la brecha de evasión fiscal mediante un mayor gravamen a los megarricos.

El informe recalca que el impuesto no afectaría la liquidez de los ultra ricos, ya que el 2% es inferior al rendimiento del capital, estimado en un 7% anual en las últimas décadas. También sugiere deducciones de impuestos de renta existentes para aquellos que ya contribuyen adecuadamente. Históricamente, Europa ha usado impuestos progresivos en épocas de crisis, como durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, aunque la situación no es tan extrema, la Comisión Europea planea movilizar 150.000 millones de euros en préstamos para el gasto militar, estimando una necesidad adicional de 250.000 millones para defensa y 800.000 millones para reindustrialización y competitividad. Diversos países del bloque, como Francia y Alemania, ya consideran incrementar los impuestos a las grandes fortunas, reabriendo un debate que había quedado fuera de la agenda durante los años de globalización y libre comercio. En España, ya se grava el patrimonio, siendo el único país de la zona euro con esta práctica.

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