España enfrenta un escenario desafiante en términos de productividad laboral, un factor crucial para promover el crecimiento económico y la equidad social. Según el informe anual del Consejo de la Productividad de España (CPE), a lo largo de las últimas décadas, el país ha quedado muy rezagado en comparación con sus principales socios europeos y Estados Unidos en esta materia. La productividad por hora trabajada en España, entre 1996 y 2019, creció a un ritmo medio anual de apenas 0,6%, significativamente inferior al 1,1% de la Unión Europea y muy lejos del 1,6% de Estados Unidos, líder en este indicador. Esta brecha se ha traducido en una menor capacidad para elevar la renta per cápita y reducir desigualdades, dejando a la economía española en una posición de desventaja competitiva.
Uno de los problemas más relevantes que señala el informe es la evolución negativa de la productividad total de los factores (PTF), un indicador que refleja la eficiencia con la que se combina capital y trabajo. En términos simples, cuando la PTF es negativa, significa que la economía no está rentabilizando de manera eficiente sus recursos, produciendo menos con los mismos o mayores insumos. Entre 1996 y 2019, la contribución de la PTF al crecimiento fue negativa en -0,5 puntos porcentuales anuales. Este estancamiento o declive en la eficiencia responde en buena medida a la baja inversión en capital tecnológico y en intangibles, además de la estructura productiva centrada en sectores con menor contenido de innovación y tecnología.
Este retraso en la modernización ha impedido a España aprovechar plenamente las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, y ha limitado la capacidad de sus empresas, especialmente las pequeñas, de crecer y consolidarse. La lenta adopción tecnológica y la escasa innovación han frenado avances que, en otros países, han permitido incrementar la rentabilidad y la calidad de los empleos.
Otra problemática que evidencia el informe es el «desacople» entre productividad y salarios. Desde los años 80, en las economías desarrolladas, ha habido una tendencia a reducir la cuota laboral, es decir, la proporción de la renta nacional que va a parar a los salarios. En España, esta cuota cayó del 70,4% en 1974 al 62,5% en 2024. Aunque en los últimos años se ha observado un repunte en los salarios reales por hora tras el incremento del salario mínimo y las políticas de recuperación pospandemia, este aumento aún no ha sido suficiente para cerrar la brecha. Entre 1999 y 2017, la productividad creció un 9,5%, mientras que los salarios apenas aumentaron un 3%, evidenciando que la mayor parte del crecimiento no se ha traducido en mejorías para los trabajadores.
El problema de la distribución también se refleja en la pérdida de peso de los salarios en el ingreso nacional: en medio siglo, la cuota laboral ha disminuido casi 8 puntos porcentuales, pasando del 70,4% al 62,5%. Este fenómeno se combina con un crecimiento económico que, sin avances sostenidos en productividad, corre el riesgo de beneficiar principalmente a las clases altas y las empresas, en detrimento de la mayoría de la población.
El informe advierte que la recuperación reciente de la productividad, con tasas anuales del 1% en 2022-2025, coincide con una significativa creación de empleo. Sin embargo, todavía no está claro si esta tendencia refleja un cambio estructural o si responde a factores coyunturales. A largo plazo, sin una estrategia que promueva inversión en innovación, modernización empresarial y políticas redistributivas, la brecha de productividad y sus efectos sobre el bienestar seguirán siendo un desafío importante para España. La clave está en que los beneficios del crecimiento sean compartidos y que la economía sea capaz de competir en igualdad de condiciones en el escenario internacional.
