Barcelona enfrenta una crisis habitacional que se ha intensificado hasta convertirla en la segunda ciudad europea, después de Lisboa, con los alquileres más altos en relación a los salarios. Este fenómeno, reflejo de una gestión pública ineficaz, se ha agravado en una década durante la cual la vivienda en la UE ha incrementado su costo en un 60.5%. En España, este aumento ha sido del 72%, superando a países como Alemania, Francia e Italia. A esto se suma una preocupante estadística del Consejo de Europa: el alquiler consume el 74% del salario medio de un barcelonés, obligando a que la subsistencia dependa de dos ingresos, situación que empuja a una creciente clase trabajadora hacia la precariedad, incapaz de cubrir siquiera sus necesidades básicas.

El problema de la vivienda se combina con una devaluación salarial acentuada, especialmente entre los jóvenes en sus primeros empleos, resultado de políticas laborales que han fomentado la inseguridad y la precariedad. Barcelona, a pesar de su éxito como destino global, sufre una dualidad económica: por un lado, atrae a profesionales de alta cualificación que disparan los precios inmobiliarios; por otro, recibe migrantes de baja cualificación con escaso poder adquisitivo, lo que agudiza la gentrificación y la segregación social. La solución requiere más que simplemente construir viviendas; es imperativo reducir los precios de alquiler y compra, además de mejorar el salario medio, asegurando un progreso equitativo para todos sus habitantes.

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