Las recientes declaraciones de Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud, han encendido las alarmas sobre el estado actual de la gestión sanitaria en España. Este grupo empresarial, responsable de la administración del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz en Madrid, es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la gestión privada está infiltrándose en el sistema de salud público, lo que genera preocupación sobre los impactos a largo plazo para la ciudadanía.

Ribera Salud, un conglomerado de origen francés fundado en 1997, ha adquirido notoriedad por su gestión de múltiples centros hospitalarios en el territorio español. La creciente tendencia a externalizar servicios públicos esenciales ha venido acompañada de críticas sobre el encarecimiento de bienes básicos y el acceso restringido a los mismos. La vivienda, la educación y, ahora más que nunca, la sanidad, están en el punto de mira, con evidentes signos de precarización y abandono.

Los recientes escándalos, como el ocurrido en la sanidad pública andaluza con los cribados del cáncer de mama, que resultaron en el deterioro de la salud de varias mujeres debido a la falta de información adecuada, son solo la punta del iceberg. Según Gallart, las ganancias del sector deberían incrementarse incluso a costa de los pacientes, una afirmación que ha sido condenada por diversos sectores de la sociedad.

La Confederación General del Trabajo (CGT) lleva décadas alzando la voz contra la privatización sistemática de los servicios sanitarios. Se refieren a la Ley 15/97, que permitió nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, como un punto de inflexión que ha facilitado, según ellos, la mercantilización y el detrimento del sistema público de salud. Esta normativa, denuncian, abrió las puertas para que los intereses privados prevalecieran sobre el bienestar común, convirtiendo el acceso a una sanidad digna en un privilegio y no en un derecho.

Los llamamientos de CGT no son solo contra las declaraciones de un directivo, sino contra un sistema que, según afirman, posterga el servicio a la ciudadanía en función de beneficios económicos privados. Han hecho un llamado a la ciudadanía y a los profesionales de la salud a organizarse y movilizarse contra la privatización de los servicios públicos, instando a devolver la gestión de la sanidad a manos públicas para garantizar el bienestar para todos.

Este desafío trascendental requiere una respuesta contundente y un compromiso de todos los sectores sociales para garantizar que la sanidad pública siga siendo universal, gratuita y accesible, asegurando así el derecho fundamental a la salud de las generaciones presentes y futuras.
Fuente: CGT