En el contexto de un desafiante panorama económico, el gobierno mexicano bajo Claudia Sheinbaum ha presentado su primer Presupuesto de Egresos del sexenio para 2025, marcado por importantes recortes. Aunque el presupuesto asignado al Anexo 13, enfocado en la igualdad de género, ha aumentado en un 9,5% respecto al año anterior, se reporta que la atención a la violencia de género y la salud sexual y reproductiva no son prioritarias. En su lugar, la mayoría de los recursos siguen estando dirigidos a programas sociales, como la Pensión para Adultos Mayores y becas universitarias, continuando con un legado de gobierno centrado en el bienestar social. Sin embargo, estos programas han generado preocupaciones ya que el desigual reparto de fondos dentro del Anexo 13 podría afectar negativamente iniciativas vitales para proteger y empoderar a las mujeres.
La asignación de recursos, que deja un 95,2% para la promoción de igualdad, contrasta con la diminuta porción del 4,7% destinada a combatir la violencia de género y apenas un 0,1% para erradicar la discriminación. Esto resulta inquietante en un país donde cada día 10 mujeres son asesinadas y miles buscan refugio en instalaciones designadas para víctimas de violencia. Organizaciones como la Red Nacional de Refugios (RNR) han expresado su alarma frente a estos recortes, recalcando la necesidad de aumentar el presupuesto para enfrentar la inflación y otras dificultades económicas. El futuro de la nueva Secretaría de las Mujeres y su capacidad para implementar una política de género efectiva también es cuestionado, especialmente a la luz de los recortes a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y al Instituto de las Mujeres. La preocupación generalizada entre los defensores de derechos de género subraya la necesidad de un enfoque presupuestario que garantice el equilibrio y la atención integral a estas urgencias sociales.
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