El inicio del proceso de cierre de la central nuclear de Almaraz viene acompañado de una serie de controversias y preocupaciones energéticas en España. Según lo estipulado en un Boletín Oficial del Estado de 2020, el 1 de noviembre las empresas deben comenzar el pre-desmantelamiento, presentando un extenso proyecto técnico al Consejo de Seguridad Nuclear. Este cierre definitivo está programado para 2027, en consonancia con el Plan Nacional de Energía y Clima. Sin embargo, el contexto es complejo, ya que se enfrenta a un aumento de fluctuaciones en la red eléctrica, que recuerda eventos de apagones históricos. El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta críticas por seguir con el cierre nuclear en un momento en que la demanda de energías limpias y estables es crucial, y donde otros países parecieran apostar más por mantener sus plantas nucleares en operación.

España ha avanzado notablemente en la transformación de su sistema eléctrico hacia energías más limpias, destacando el aumento del uso de solar y eólica, que actualmente representan más del 55% de su mix energético. A pesar de este avance, la estabilidad del sistema enfrenta retos significativos debido a las características intermitentes de las renovables. La energía nuclear es vista por muchos expertos como fundamental para mantener el equilibrio del sistema, garantizando un suministro continuo y estable, algo que las renovables aún no pueden asegurar plenamente. Por ello, diversas voces, incluidos sindicatos y empresarios, abogan por extender la vida útil de las centrales nucleares para evitar riesgos de apagones y emisiones adicionales de CO₂, mientras que los gobiernos regionales, como el de Extremadura, presionan para evitar el cierre inmediato de Almaraz en busca de una solución más pragmática.

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